En 2020 los países de la UE tendrán que reciclar al menos el 50% del papel, el plástico y el vidrio de los residuos domésticos, y el 70% de los desechos no peligrosos que proceden de la construcción y las demoliciones.
Así lo establece la nueva directiva europea de residuos que la semana pasada fue aprobada en el Parlamento Europeo y que establece por primera vez una serie de obligaciones a nivel europeo. Sin restarle todo el mérito a una legislación que no deja de ser un avance novedoso, ya han sido varias las asociaciones de ecologistas que han menospreciado los "escasos objetivos" que establece en comparación con la "urgencia" que requiere la cada vez mayor generación de residuos y el problema del cambio climático.
En el conjunto de la UE se generan cada año 1,8 millones de toneladas de residuos, según datos de la Comisión Europea, y cada ciudadano es responsable de la generación de 3,5 toneladas de residuos al año procedentes de actividades comerciales, como restaurantes y hospitales, y de otras como la industria, la agricultura, la construcción y la minería.
A nivel urbano, las cifras no han hecho más que crecer en la última década: de los 460 kilos de residuos generados por persona y año en 1995, se pasó a 520 kilos en 2004 y, según la (OCDE) esta cantidad podría alcanzar los 680 kilos en 2020, lo que supondría un incremento del 50% en 25 años.
La mayor parte de los residuos acaba en vertederos (el 67%) o son incinerados, dos métodos que, sin dejar de ser solución, plantean problemas por los serios daños que causan al medio ambiente. Además de comerse el paisaje, los vertederos son fuente de emisiones de CO2 y de metano que contaminan la atmósfera, el suelo y las aguas de sus alrededores, teniendo consecuencias directas sobre la salud no sólo de animales y plantas, sino también del hombre.
Incineración
Las plantas de incineración de basuras para la obtención de energía son otra salida polémica. Estos hornos gigantes que transforman los residuos en combustible han sido tradicionalmente criticados por los ecologistas, que argumentan que son grandes emisores de dioxinas. Después de un intenso debate, estas instalaciones han recibido el respaldo de la UE. Hasta ahora clasificadas como método de "eliminación", Bruselas está dispuesta a reconocer a las plantas incineradoras más eficientes como instalaciones de "valorización", es decir, capaces de reducir el volumen de residuos y transformarlos en combustión de forma controlada y con un nivel de contaminación mínimo.
Según la Comisión Europea estas plantas "contribuyen a cumplir los objetivos de eficiencia energética"un análisis que no comparten en la asociación Amigos de la Tierra, desde donde se critica que la nueva legislación "ignora la evidencia de la contribución de la incineración a la emisión de gases con efecto invernadero".
En España existían en 2005 quince plantas incineradoras que trataron cerca de dos millones de toneladas de residuos, siendo Andalucía y Cataluña las comunidades más partidarias de este método con cuatro plantas cada una.
Los residuos urbanos se componen en nuestro país en su mayoría de materia orgánica (44%), papel (21%) y plásticos (10,6%) y las mayores inversiones públicas para el tratamiento de residuos se destinaron precisamente al reciclaje y recuperación de materias entre 2000 y 2003, cuando el gasto ascendió a 517 millones de euros. En España se reciclan 444.653 toneladas de residuos por año según el ministerio.
Fuente: Econoticias
Así lo establece la nueva directiva europea de residuos que la semana pasada fue aprobada en el Parlamento Europeo y que establece por primera vez una serie de obligaciones a nivel europeo. Sin restarle todo el mérito a una legislación que no deja de ser un avance novedoso, ya han sido varias las asociaciones de ecologistas que han menospreciado los "escasos objetivos" que establece en comparación con la "urgencia" que requiere la cada vez mayor generación de residuos y el problema del cambio climático.
En el conjunto de la UE se generan cada año 1,8 millones de toneladas de residuos, según datos de la Comisión Europea, y cada ciudadano es responsable de la generación de 3,5 toneladas de residuos al año procedentes de actividades comerciales, como restaurantes y hospitales, y de otras como la industria, la agricultura, la construcción y la minería.
A nivel urbano, las cifras no han hecho más que crecer en la última década: de los 460 kilos de residuos generados por persona y año en 1995, se pasó a 520 kilos en 2004 y, según la (OCDE) esta cantidad podría alcanzar los 680 kilos en 2020, lo que supondría un incremento del 50% en 25 años.
La mayor parte de los residuos acaba en vertederos (el 67%) o son incinerados, dos métodos que, sin dejar de ser solución, plantean problemas por los serios daños que causan al medio ambiente. Además de comerse el paisaje, los vertederos son fuente de emisiones de CO2 y de metano que contaminan la atmósfera, el suelo y las aguas de sus alrededores, teniendo consecuencias directas sobre la salud no sólo de animales y plantas, sino también del hombre.
Incineración
Las plantas de incineración de basuras para la obtención de energía son otra salida polémica. Estos hornos gigantes que transforman los residuos en combustible han sido tradicionalmente criticados por los ecologistas, que argumentan que son grandes emisores de dioxinas. Después de un intenso debate, estas instalaciones han recibido el respaldo de la UE. Hasta ahora clasificadas como método de "eliminación", Bruselas está dispuesta a reconocer a las plantas incineradoras más eficientes como instalaciones de "valorización", es decir, capaces de reducir el volumen de residuos y transformarlos en combustión de forma controlada y con un nivel de contaminación mínimo.
Según la Comisión Europea estas plantas "contribuyen a cumplir los objetivos de eficiencia energética"un análisis que no comparten en la asociación Amigos de la Tierra, desde donde se critica que la nueva legislación "ignora la evidencia de la contribución de la incineración a la emisión de gases con efecto invernadero".
En España existían en 2005 quince plantas incineradoras que trataron cerca de dos millones de toneladas de residuos, siendo Andalucía y Cataluña las comunidades más partidarias de este método con cuatro plantas cada una.
Los residuos urbanos se componen en nuestro país en su mayoría de materia orgánica (44%), papel (21%) y plásticos (10,6%) y las mayores inversiones públicas para el tratamiento de residuos se destinaron precisamente al reciclaje y recuperación de materias entre 2000 y 2003, cuando el gasto ascendió a 517 millones de euros. En España se reciclan 444.653 toneladas de residuos por año según el ministerio.
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