El informe sobre Captura y Almacenamiento de Carbono (CAC) presentado, basado en estudios científicos independientes revisados externamente por expertos, demuestra que:
- La tecnología de CAC no ofrece una solución que evite a tiempo un cambio climático peligroso. No se prevé que la tecnología de CAC esté disponible antes de 2030, como muy pronto. Para evitar los peores impactos del cambio climático, las emisiones globales de gases de efecto invernadero tienen que empezar a reducirse en 2015, es decir, dentro de tan solo siete años.
- La tecnología de CAC despilfarra energía. Esta tecnología utiliza entre el 10% y el 40% de la energía producida por una central térmica. Se prevé que su adopción a gran escala acabe con las ventajas en eficiencia conseguidas en los últimos 50 años y aumente en un tercio el consumo de recursos.
- El almacenamiento subterráneo de carbono es arriesgado. No es posible garantizar el almacenamiento seguro y permanente de CO2. Incluso unos niveles de fugas muy bajos podrían minar cualquier esfuerzo para mitigar el cambio climático.
- La tecnología de CAC es cara. Podría dar lugar a que los costes de las centrales se duplicaran y a que el precio de la electricidad se incrementara entre un 21% y un 91%. El dinero invertido en CAC alejará las inversiones de las soluciones sostenibles para el cambio climático.
- La tecnología de CAC entraña riesgos significativos en materia de responsabilidad civil. Representa una amenaza para la salud, los ecosistemas y el clima. No queda clara la magnitud ni el alcance de la responsabilidad, ni quién se haría responsable de los daños.
La Comisión europea publicó recientemente la propuesta para el borrador de la Directiva sobre el almacenamiento geológico de dióxido de carbono, que Greenpeace considera precipitada y deficiente. La propuesta muestra la influencia de los grupos de presión de la electricidad y la energía a la Comisión para que proporcione incentivos financieros para la CAC.
En España, la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, para 2007-2020, incentiva de manera desproporcionada la CAC frente al resto de alternativas. Las empresas de energía sucia están consiguiendo el apoyo del Gobierno a esta tecnología como demuestran las palabras de D. José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura como Presidente del Gobierno. El 4 de marzo de este año el Ministerio de Industria publicó en el B.O.E. la “propuesta de reserva provisional a favor del Estado de estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono”.
Greenpeace tiene serias preocupaciones sobre la posición del Gobierno sobre la Captura y Almacenamiento de Carbono, ya que es un tecnología que todavía no está probada, es cara y potencialmente peligrosa, que no debería servir como excusa para continuar construyendo centrales térmicas de carbón bajo la promesa de que estén “preparadas para capturar”.
“Para combatir el cambio climático hay que reducir las emisiones de CO2 mediante eficiencia y renovables, y no a través de falsas soluciones como la energía nuclear o la captura de carbono” ha declarado Juan López de Uralde, Director Ejecutivo de Greenpeace España.
Finalmente, Greenpeace ha demostrado que se pueden reducir globalmente las emisiones de CO2 casi un 50% para 2050, además de asegurar el suministro energético y hacerlo de un modo asequible y, manteniendo estable el desarrollo económico mundial. Las energías renovables, junto con el “uso inteligente” de la energía, pueden abastecer la mitad de la demanda energética mundial.
En España, se puede ir más allá, se podría abastecer el 100% de la demanda de electricidad sólo con fuentes renovables para 2050, incluso se podría obtener la totalidad de la demanda energética. Los costes de inversión son perfectamente asumibles, y el precio de la electricidad en el futuro sería más barato que si siguiéramos usando energías peligrosas e inseguras como los combustibles fósiles y la energía nuclear. Ya hemos empezado: las energías renovables en España ya emplean a más de 188.000 personas.
Más de 100 organizaciones no gubernamentales se han unido a Greenpeace para demandar que la CAC no sea utilizada como una excusa para construir nuevas centrales eléctricas de carbón. Los gobiernos en su lugar deben priorizar en invertir en soluciones energéticas sostenibles.
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